El PSOE de Zamora ha registrado una batería de preguntas en las Cortes de Castilla y León para interesarse por la situación de la Casilla de Peones Camineros de Fadón y para exigir que la Junta tome medidas para frenar su deterioro, ahora que el inmueble ha sido incluido en la Lista Roja de Hispania Nostra.
Los socialistas han recordado que estas construcciones fueron creadas a mediados del siglo XIX para albergar a los peones camineros encargados del mantenimiento y conservación de las carreteras, «desempeñando un papel fundamental en la seguridad y conservación de las comunicaciones durante décadas».
En el caso de la casilla de Fadón, «además de su valor histórico, presenta elementos singulares que aumentan su interés patrimonial». Entre ellos destaca la conservación de los rótulos realizados mediante técnica de esgrafiado, una solución poco habitual en este tipo de edificaciones y que la diferencia de otras construcciones similares existentes en la comunidad.
Según recoge la propia ficha elaborada por Hispania Nostra, el inmueble presenta un estado de conservación deficiente, con desprendimientos en la fachada, deterioro de la cubierta y pérdida parcial de los elementos identificativos originales.
El procurador socialista Javier García Martín ha señalado lo siguiente: «Estamos ante un elemento patrimonial modesto, pero enormemente representativo de nuestra historia y de la evolución de las comunicaciones en el medio rural. No todo el patrimonio son grandes monumentos; también debemos proteger aquellos bienes que explican cómo vivían y trabajaban generaciones enteras de castellanos y leoneses», ha argumentado el socialista.
Además, García ha lamentado que «una vez más tenga que ser una entidad como Hispania Nostra la que llame la atención sobre el abandono de un bien propiedad de la propia Junta de Castilla y León», y ha añadido que «resulta incomprensible que la Administración autonómica permita que un inmueble de su titularidad continúe deteriorándose año tras año sin adoptar medidas mínimas de conservación».
Asimismo, el procurador zamorano ha defendido que «la protección del patrimonio no puede limitarse a los grandes proyectos o a las declaraciones institucionales; también pasa por conservar elementos vinculados a la memoria del mundo rural y de los servicios públicos que vertebraron el territorio durante generaciones».
