El Procurador del Común tira de las orejas al Ayuntamiento de Moraleja del Vino y, concretamente, a su exalcalde, Manuel López, por cobrar la tasa por el uso de las pistas del pádel del pueblo a través de envíos de dinero en bizum en su propia cuenta personal. Un uso irregular, constata el Procurador, pues no deja constancia del dinero recibido, que en cualquier caso debería haber sido ingresado por el Ayuntamiento de Moraleja del Vino en sus cuentas bancarias o en su caja y no por el alcalde en su cuenta personal aunque este, como explicó en las contestaciones al Procurador, lo hubiera restituido a los fondos municipales.
La cuestión fue elevada a la institución regional por parte del PSOE de Moraleja del Vino. Según se desprende de las investigaciones realizadas por el Procurador, los usuarios enviaban el dinero a una cuenta bancaria personal del alcalde a través de bizum «sin que quedara constancia en el Ayuntamiento de las cantidades percibidas por tal concepto». Según explicaba el Ayuntamiento, Moraleja no contaba con personal para atender la pista, motivo por el cual el alcalde «se comprometió a abrir y cerrar personalmente las instalaciones para facilitar su uso». «Ante la necesidad de articular el pago a través de una transferencia bancaria, los mismos usuarios propusieron que se abonara a través de bizum» y el alcalde «consintió que los pagos se realizaran a una cuenta vinculada a su móvil personal». Después, el dinero fue enviado al Ayuntamiento. Tras la difusión en el pueblo de una publicación denunciando estos hechos el Ayuntamiento decidió que las pistas de pádel se quedarían abiertas, sin coste por su uso.
«Ahora bien, sin perjuicio de reconocer la potestad de ese Ayuntamiento de decidir la forma en la que gestiona la recaudación de los ingresos municipales con el fin de garantizar la mejor fiscalización y seguridad de los mismos, no se puede desconocer que al cobrar el precio público por la prestación de un servicio, al tiempo que ejerce una competencia municipal, está prestando un servicio directo al ciudadano», estima el Procurador. En todo caso, «la solución adoptada por el Ayuntamiento para percibir los precios públicos a través de una cuenta bancaria particular vinculada a un móvil personal de un miembro de la Corporación no resulta apropiada, tampoco puede considerarse ajustada a derecho la decisión de la Alcaldía de suspender el cobro de un precio público establecido en una ordenanza», apuntan las mismas fuentes.
Cabe añadir que el importe de la tarifa (4 euros), la posibilidad de realizar la reserva de hora de forma presencial en la oficina municipal y las condiciones impuestas por las entidades bancarias para realizar ingresos, así como la distancia de estas al lugar en el que se encuentran las instalaciones deportivas, son condiciones a tener en cuenta para habilitar un sistema de cobro en efectivo que facilite a los potenciales usuarios el acceso a ese servicio, concluyen las mismas fuentes. Este sistema, cabe recordar, funcionó de forma temporal y el alcalde responsable, Manuel López, dejó su cargo a principios del año 2025.
