El Procurador del Común pide a la Delegación de la Junta en Zamora que resuelva cuanto antes el recurso presentado por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales contra la subasta de animales vivos de Olmillos de Valverde el 19 de enero de 2025. La asociación manifestó su disconformidad con la subasta de animales vivos que se celebró en la puerta de la iglesia del pueblo, donde se vendieron a los vecinos algunos gallos, gallinas, conejos, peces y un cerdito. Hechos denunciados por la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales ante la Delegación de la Junta por una supuesta infracción tipificada en la Ley de Protección de Animales de compañía de Castilla y León.
Sobre la cuestión se solicitó informe a los Servicios Veterinarios de la Unidad de Benavente, en el que se asegura que no hay conocimiento oficial de la subasta. Tampoco tenía comunicación oficial el Ayuntamiento, según reconoció el alcalde de Burganes de Valverde, ayuntamiento al que pertenece Olmillos de Valverde. Y va la cosa más allá, porque la Cofradía de San Antón no está legalmente constituida, advierte el Procurador del Común. Es decir, si hay que sancionar por la subasta, cosa improbable, no habrá a quién, puesto que no hay responsables de lo que pasó, un acto puramente festivo que se realiza por costumbre en el pueblo y que, además, es de carácter benéfico.
La denuncia obligó a trabajar también a la Junta. A la Sección de Sanidad y Producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura, concretamente, que de nuevo dictaminó que no hay constancia de que pasara nada ilegal el 19 de enero de 2025. «No se pudieron confirmar fehacientemente ninguno de los hechos denunciados», aseguran los técnicos a pesar de que hay muchos vídeos de la celebración de la subasta. Y otra vez lo mismo: «La Cofradía de San Antón no consta como entidad legalmente constituida en ninguno de los registros a los que se ha tenido acceso», por lo que «no se ha contactado con representantes».
Total, que no se respondió a la denuncia de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales y los responsables de esta presentaron un recurso de alzada que obligó a continuar los trámites «a fin de aclarar y determinar las presuntas responsabilidades del organizador de la actividad, así como la del Ayuntamiento de Burganes de Valverde en su función in vigilando y en su condición de garante del cumplimiento de la legalidad». No piden los denunciantes una multa económica (habría que ver a quién multar, habida cuenta de que la Cofradía de San Antón no existe legalmente), pero sí garantías de que los hechos «no vuelvan a producirse».
Hay vídeo, que está en Youtube, no hay responsables directos, el Ayuntamiento no sabía nada y los funcionarios aseguran que no hay manera de ver si los hechos son constitutivos de delito. «Estamos», dice el Procurador del Común, «ante una labor de investigación que debería ser llevada a cabo por los técnicos de la Sección de Régimen Jurídico del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural», ese mismo que antes se dijo que no tiene funcionarios. Desde el 24 de junio no se han tramitado expedientes por este servicio, ni en materia de protección animal ni en otras de su competencia. Así que la cuestión es más grave, pues se ha pasado de una supuesta infracción producida en San Antón en un pueblo de la provincia a constatar que no hay funcionarios en el servicio jurídico de la Delegación de la Junta en Zamora.
De esto es de lo que alerta el Procurador, de que la falta de cobertura de estos puestos funcionariales se traduce en inactividad en la tramitación de los expedientes sancionadores que se presentan ante la Junta. Y así es como se pasa de una subasta de una gallina a sacar a la luz un problema más grave en una administración pública.
