El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado el proceso para renovar el Plan Especial del Casco Histórico y que la ordenación urbanística en la zona deje de ser lo que hoy es: un freno al desarrollo de la ciudad. El Consistorio quiere rebajar la protección de los edificios que tienen niveles más bajos, protección que en muchos casos está injustificada. Se pretende que la normativa sea más ágil y que haga más sencilla la construcción y renovación de viviendas y locales. «Queremos una normativa que cuide el patrimonio pero que deje de ser un problema para quienes viven y quienes quieren vivir» en el casco histórico de Zamora, ha resumido la concejala de Urbanismo, Ana Belén González.
Actualmente las condiciones para construir o reformar en el casco son altísimas y muchas de ellas pueden eliminarse sin perjuicio para el patrimonio. Mención especial han hecho Ana Belén González y Francisco Guarido a los grados de protección 4 y 5, los más bajos (el primero obliga a mantener la fachada, el segundo da permiso a tirarla, pero obliga a levantarla igual). En esta situación hay muchos edificios de la zona, donde los usos de construcción actuales no encajan con las fachadas proyectadas hace, en ocasiones, más de cien años. «Ahora se necesitan autorizaciones de Patrimonio para actuaciones que son muy pequeñas, hay problemas de aparcamiento al no poderse construir garajes, la accesibilidad es problemática y también las comunicaciones, así como la instalación de elementos de producción de energía renovable». La idea es cambiar esta situación y que la autorización de la Junta sea solo preceptiva para actuaciones en los entornos BIC. En definitiva, ha insistido la concejala, «pasar de una normativa que está siendo un muro para el desarrollo y convertirla en una herramienta que proteja lo importante y que haga posible emprender, vivir y llenar de vida el conjunto histórico de Zamora».
El actual Plan Especial del Casco Histórico se aprobó en el año 2000 y el nuevo no estará listo antes de 2030, siempre que se cumplan los plazos. El Ayuntamiento destina a renovarlo 200.000 euros más IVA y da a la empresa que resulte la encargada de los trabajos un plazo de 25 meses para tener listo el documento definitivo. Tiempo en el que no está incluido el trámite que tenga que realizar la Junta de Castilla y León o los periodos obligados de exposición al público. Y es que, confirman desde el Ayuntamiento, el documento que finalmente se apruebe por el Pleno tendrá que ser después autorizado por la Junta de Castilla y León. El equipo de Gobierno confía en que así sea, pues el consenso político en la ciudad sobre la agilización del Plan Especial es prácticamente total, pero los trámites ahí ya no dependerán de lo que se decida en la Casa de las Panaderas. «Nuestra idea está clara, pero si después nos dicen», en la Junta, «que tenemos que cambiar, pues lo tenemos que cambiar», aseguran los responsables municipales.
Aunque el documento final lo elaborará la empresa concesionaria el Ayuntamiento sí que orientará hacia donde quiere que se dirija el texto. Para ello se ha trabajado con los grupos políticos con representación en el Pleno, ha asegurado la concejala, y se ha trasladado a varios colectivos un cuestionario a fin de identificar las principales carencias del documento actual. Documento que ha evidenciado una extrema rigidez de la normativa, que obliga a construir casas muy grandes (hay que llenar las parcelas), de varias alturas (no es posible construir una vivienda unifamiliar de tamaño estándar) y que dificulta cuestiones tan básicas para el día a día como una buena red de telecomunicaciones en el hogar (los cables no pueden ir por la fachada y en ocasiones no hay otra manera de llevarlos).
