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Faúndez y Del Canto recurren su imputación en el caso Ultra Sanabria y lamentan los «perjuicios de imposible reparación» ya sufridos

Los dos mandatarios se desligan de la aprobación de la subvención de 2023 y aseguran que la de 2024 contaba con todos los requisitos formales

por Diego G. Tabaco 29/05/2026
Diego G. Tabaco 29/05/2026
Faúndez y Del Canto, durante la rueda de prensa celebrada este jueves. Foto Paloma V. Escarpa.
Faúndez y Del Canto, durante la rueda de prensa celebrada este jueves. Foto Paloma V. Escarpa.
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El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el diputado de Deportes, Juan del Canto, han presentado ya formalmente un recurso de Reforma y Apelación ante el juzgado que les ha declarado como investigados por el caso Ultra Sanabria. Los dos mandatarios se desvinculan de las actuaciones investigadas, aseguran que no tenían capacidad de decisión cuando se aprobaron las subvenciones que se están investigando y descargan en el anterior presidente, José Antonio Requejo, la responsabilidad de la situación. El expediente relativo al convenio de colaboración entre la Diputación y el Club Deportivo Ultra Sanabria regulador de la subvención nominativa «consta de un Decreto de Concesión del entonces presidente de la Diputación fechado el 24 de abril de 2023». 

En el mismo decreto, señalan Faúndez y Del Canto, consta el informe de fiscalización de la Interventora con reparos y la orden del diputado de área anterior, Jesús María Prada, también del PP. El reparo se levantó y el pago anticipado del total de la subvención se llevó a cabo el 18 de mayo. «Tanto la configuración del marco regulador, como la concesión y el anticipo total de los fondos de la subvención nominativa correspondientes al ejercicio 2023 al Club Deportivo Ultra Sanabria, aparecen vinculados a actos anteriores» al periodo en el que Faúndez y Del Canto «pudieran haber tenido intervención efectiva en la gestión de la Corporación Municipal». Aunque Faúndez era diputado en el anterior mandato, se entiende que esta afirmación refiere a las responsabilidades en el área de Deportes. 

Sobre el expediente iniciado para el pago de la subvención de 2024, ya con firma de Juan del Canto, el recurso estima que «hay una tramitación administrativa completa, informada por la Secretaría General, fiscalizada por la Intervención y resuelta por la Junta de Gobierno», razón por la cual, estiman los abogados de los dos representantes institucionales, no cabe responsabilidad individual. El acuerdo de aprobación del gasto, de 180.000 euros, se aprobó por la Junta de Gobierno el 4 de junio de 2024. «La decisión aparece, por tanto, como actuación colegiada, documentada y sometida a informes, no como acto aislado, clandestino o adoptado al margen de los controles administrativos ordinarios», indica el recurso.

Continúa el recurso, que previamente ha ahondado en cuestiones judiciales y de procedimiento que también justificarían el objetivo buscado, que la Fiscalización emitió un informe «sin reparos» a la subvención de 2024. «Si el órgano técnico de control interno informó sin reparos la justificación, no puede sostenerse, sin una motivación judicial reforzada y sin indicios externos concretos», que Faúndez y Del Canto, «responsables políticos, actuaran con conocimiento de una irregularidad penalmente relevante», sostiene el escrito. 

«La responsabilidad penal es personal, no institucional y no cabe derivarla automáticamente de la titularidad de un órgano ni de la firma de resoluciones administrativas si no se acredita en este caso inicial e indiciariamente la conciencia de arbitrariedad, el dominio del hecho y el nexo causal con el concreto perjuicio típico», estiman los abogados. En cualquier caso, «no puede construirse por contagio documental ni por continuidad entre expedientes de ejercicios diferentes», profundizan las mismas fuentes. Para exigirla, insisten las mismas fuentes, «se exige arbitrariedad penalmente relevante, ilegalidad clamorosa o insostenible y conocimiento de actuar al margen del ordenamiento jurídico», ratifican los letrados.

Por último, lamentan los abogados los «perjuicios de imposible o muy difícil reparación derivados de la imputación» de sujetos con responsabilidades públicas. «Provoca un impacto personal, familiar, social y profesional evidente, especialmente cuando no se concretan hechos, indicios ni base documental alguna», concluyen los autores del recurso. «Esta situación favorece una permanente exposición mediática intensa y un juicio paralelo difícilmente reversible, incluso aunque posteriormente se archive la causa o se excluya su responsabilidad», concluyen.

Diego G. Tabaco

Periodista especializado en prensa local con formación en Ciencias Económicas. Community manager.

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