Los funcionarios zamoranos exigen al Gobierno una subida de sueldo ante lo que consideran una «inaceptable pérdida de poder adquisitivo», la que llevan padeciendo desde el pasado mes de enero. El sector público inicia así un calendario de movilizaciones en todas las provincias que, según indican desde CSIF, podría llegar a desembocar en una huelga general entre el funcionariado si el Gobierno no se aviene a negociar. Hoy, precisamente, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha llamado a la mesa de negociación a los responsables sindicales para iniciar estas conversaciones.
En la protesta que se ha llevado a cabo en Zamora han participado los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT, una circunstancia que no es menor en este tipo de manifestaciones, sobre todo por la participación de dos últimos. La principal demanda es el aumento de los salarios. Después de más de un año de protestas, los empleados públicos solo han logrado una subida del 0,5%, correspondiente al año pasado y que aún estaba pendiente, mientras que no hay noticias sobre la actualización para 2025.
Desde el último acuerdo salarial, firmado en 2022, los funcionarios han perdido un 8,5% de poder adquisitivo, y si se tiene en cuenta el impacto de los recortes de 2010, la pérdida supera el 20%, aseguran los convocantes de la concentración de esta mañana.
A este problema se suma la elevada temporalidad: «sin una oferta de empleo público suficiente, el porcentaje de personal temporal se mantiene en el 27%, muy por encima del 8% al que España se comprometió con Bruselas para finales de este año», dice CSI-F. El sindicato exige, además, la supresión de las tasas de reposición para que las administraciones puedan contratar «conforme a sus necesidades».
