Los incendios forestales que este verano han arrasado miles de hectáreas de bosque y monte en diferentes comunidades autónomas de España han propagado una frase: “El pueblo salva al pueblo”.
Es una expresión cargada de épica solidaria y parece condensar lo mejor de la sociedad civil: vecinos y vecinas que se organizan para rescatar, ayudar o socorrer allí donde las instituciones no llegan a tiempo.
Sin embargo, esta consigna encierra una trampa peligrosa. Lejos de ser solo una expresión de fraternidad, puede convertirse en un síntoma del debilitamiento del Estado, ya que desplaza responsabilidades estructurales hacia la ciudadanía.
La solidaridad como coartada
La sociología de las catástrofes ha demostrado que las respuestas comunitarias emergen con fuerza en situaciones críticas. La ayuda vecinal es una constante en todas las catástrofes.
Mientras que las redes locales se activan con rapidez, la maquinaria estatal es más lenta. Pero convertir esa reacción espontánea en consigna política permanente corre el riesgo de naturalizar el abandono institucional.
En el debate entre las diferentes responsabilidades y competencias en la gestión de las emergencias entre el gobierno central y las comunidades autónomas comienza a trasladarse un mensaje sobre la incapacidad del Estado. Esto erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas y se normaliza la idea de que cada quien debe arreglárselas como pueda.
Bajo la apariencia de empoderar a la ciudadanía, se reduce el papel del Estado a mero espectador. Si el cuerpo de bomberos no llega, la UME es insuficiente o la coordinación es un fracaso, la carga se traslada a la comunidad, los vecinos y vecinas, voluntario y voluntarias o, en el mejor de los casos, a las ONG.
El riesgo de la romantización
No es casual que en medios y redes sociales se difundan imágenes de vecinos y vecinas con cubos y mangueras de agua, agricultores con sus tractores o cuadrillas de voluntarios improvisando rescates con sus vehículos particulares.
El relato es emocionante, pero oculta que no todos los pueblos tienen los mismos recursos o capacidad de reacción. Los denominados “voluntarios espontáneos” pueden suponer un gran inconveniente para las organizaciones y entidades de emergencia que están sobrecargadas en los momentos mas intensos de las crisis.
La AEMA/EEA –Agencia Europea de Medio Ambiente– enfatizó el pasado mes de junio la necesidad de preparación para hacer frente a las crisis climáticas, reforzando la idea de que la respuesta no puede recaer en la autoorganización puntual.
Lo vivido este verano demuestra que no bastan gestos heroicos: se requieren sistemas públicos profesionalizados y bien financiados. Este voluntariado debe ser formado y supervisado para no dificultar la respuesta.
Se corre el riesgo de que el heroísmo vecinal, tan valioso como insuficiente, se convierta en la coartada perfecta para un Estado en retirada. En tiempos de crisis climática, incendios recurrentes y fenómenos meteorológicos extremos, es necesaria la solidaridad social y al mismo tiempo, un Estado robusto y presente.
El trasfondo político: ¿crítica al Estado de las autonomías?
Emerge otra lectura más profunda. El eslogan “el pueblo salva al pueblo” se puede leer como síntoma de desafección, no solo hacia el Estado en abstracto, sino hacia la fragmentación competencial entre administraciones.
Cuando en una catástrofe se perciben demoras en la coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central, el discurso de que “nadie nos ayuda salvo nosotros mismos” alimenta una crítica soterrada al modelo territorial.
Aunque el modelo autonómico sigue contando con respaldo mayoritario, existe un sector no despreciable de la sociedad española que mira con simpatía a sistemas más centralistas.
En medio de una erosión de la confianza democrática, crece el reclamo por un Gobierno central robusto como mecanismo de garantía ante el caos institucional.
Este sentimiento se nutre de una crisis de legitimidad democrática sin precedentes. Solo el 44,5 % de la ciudadanía se encuentra entre muy satisfecho o algo satisfecho frente a un 30,6 % que ya manifiesta su nula satisfacción con la democracia.
El 79,2 % de las personas encuestadas (4 010) piensa que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, pero hay un 8,6 % que cree que en alguna circunstancias un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático y de ese 8,6 % el 21,8 % es de extrema derecha.
La extrema derecha ante la solidaridad
En este escenario, el “pueblo salva al pueblo” puede actuar como una coartada para el desmantelamiento del Estado autonómico. Los discursos populistas suelen utilizar un antagonismo entre “pueblo puro y solidario” frente a unas élites políticas corruptas e ineficaces.
Las formaciones de extrema derecha en el contexto europeo critican a la élite corrupta y buscan el favor del pueblo que constituye la “nación” verdadera. Y se lanzan lemas como “Primero los de casa” (Frente Nacional, Francia); mensajes anti-UE como “Queremos recuperar nuestro país (UKIP, Reino Unido), o «Solo existe una nación” (Vox, España).
Frente a estos lemas, puede esgrimirse una experiencia colectiva muy evocadora ante el populismo que demoniza el Estado: la pandemia de la covid-19. Sin duda, la solidaridad ciudadana palió muchos de las situaciones cotidianas, pero únicamente un modelo competencial como el actual hizo posible superar una emergencia de magnitudes globales.
¿Fue el pueblo el que salvo al pueblo o fueron las instituciones las que dieron respuesta a tal crisis? Se desvelaron fallos, pero el sistema de protección social, el sistema sanitario, el sistema educativo y el entramado institucional fueron el gran salvavidas.
La lección es clara: instituciones cercanas a la ciudadanía, con personal técnico y recursos estables, son las que marcan la diferencia en eventos extremos.
No se trata de cuestionar el Estado autonómico, sino de asumir responsabilidades presupuestarias y no subestimar el riesgo climático con recortes que debilitan la prevención, la alerta y la respuesta.
Lo que salva al pueblo no es el pueblo aislado, sino el pueblo respaldado por instituciones eficaces.
Maite Aurrekoetxea Casaus. Profesora Doctora en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Deusto
