El sindicato UGT ha traslado al grupo socialista en las Cortes de Castilla y León su «preocupación» e «incertidumbre» por el futuro de las cuatro plantas y envasadoras de Azucarera de Castilla y León, ubicadas en Toro y Benavente (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León).
El posible cierre de las mismas tiene en vilo a unas 600 familias que trabajan en estos centros y que «demandan la implicación de las administraciones para buscar una solución». De hecho, mantuvieron un encuentro con el secretario general del grupo socialista, Pedro González, y con la procuradora socialista por Burgos, Virginia Jiménez, que mostraron su «sorpresa» por que el Gobierno de Mañueco se «haya enterado de los hechos por la prensa».
Principalmente porque, el pasado 15 de mayo, partidos políticos y administraciones mantuvieron un encuentro en el Ayuntamiento de La Bañeza con representantes de los trabajadores, «pero la consejera del ramo prefirió acudir a una misa en Ávila». «Es la dinámica del Ejecutivo de Mañueco. Estar más pendiente de lo que hace o deja de hacer el Gobierno de España que de sus competencias y de los trabajadores de las azucareras que hay en nuestra comunidad», sostiene Jiménez.
Por eso, la dirigente socialista ironiza sobre la «decidida acción» de la Junta para salvar los empleos y que ha consistido, «de nuevo, en enviar una carta a la multinacional para conocer el futuro de las plantas». Jiménez ha compartido con el secretario general de la Sección Sindical Estatal de Fica-UGT, Benigno Pérez, que estas plantas «son viables, tienen futuro y son rentables».
Se habla de 426 empleos fijos, 145 fijos discontinuos y 60 eventuales que, además, son empleos en el medio rural, de personas que viven en los núcleos de población. «Necesitamos un compromiso claro, serio y a largo plazo de la Junta de Castilla y León», ha zanjado Jiménez.
